Carta sobre educación de género a los rectores de Colombia
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Las marchas de esta semana fueron impulsadas por quienes se sienten con derecho a seguir excluyendo y discriminando a los homosexuales. Son el reflejo de un país que no quiere reconocer la diversidad.
Estimados rectores:
Como muchos de ustedes, he dirigido una institución educativa durante la mayor parte de mi vida. Es una tarea en extremo compleja. Se trata, en últimas, de crear una comunidad de profesores, padres y administrativos, que nos permita construir un PEI que promueva el desarrollo de niños y jóvenes que sepan comunicarse, pensar y decidir por sí mismos, y convivir armónicamente con los otros. Por ello, la mayor alegría la alcanzamos cuando vemos que los jóvenes bajo nuestra orientación comienzan a volar por sí mismos y elaboran proyectos de vida sin atropellar a los demás.
En días recientes, algunos de ustedes han firmado una carta dirigida a la Ministra de educación reclamando la autonomía que nos concede la Ley General. En ella se quejan de una supuesta intromisión del MEN en la revisión de los Manuales de Convivencia. La autonomía es un principio esencial de la calidad; existe, hay que defenderla y ampliarla, si en verdad queremos que las comunidades educativas nos empoderemos de nuestros proyectos. Aun así, todos nosotros sabemos que un Manual no puede violar ningún derecho fundamental establecido en la Constitución Nacional. Este es un principio universal del derecho: Una norma menor (como la establecida en el Manual), no puede contradecir lo establecido en una norma mayor (como la Constitución). Por ello, respetando el carácter plural, liberal y laico de nuestra Constitución, tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía. Pero sólo en el marco del respeto a los principios constitucionales que garantizan la libertad de cultos y el libre desarrollo de la personalidad.
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Para nadie es un misterio que la larga guerra que hemos vivido ha enfermado mental y emocionalmente a la sociedad colombiana. Nosotros sabemos que la convivencia con las masacres, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, ha endurecido el corazón de los colombianos. Aun así, su efecto más silencioso y perverso es la huella profunda generada sobre la estructura valorativa de los colombianos. El odio, la discriminación y la venganza han sustituido la esperanza y la alegría que generan los proyectos colectivos. También sabemos que los índices de desigualdad ubican al país en un penoso tercer lugar en América Latina. Y la desigualdad necesariamente conduce a la exclusión. En consecuencia, sabemos que nuestros estudiantes han crecido en un país violento, desigual y excluyente. Es en este contexto de intolerancia, venganza y exclusión, que se desarrolla el actual debate en torno a la educación sexual de niños y jóvenes.
Según diversos estudios, uno de cada cinco jóvenes es víctima de abierta discriminación y rechazo en los colegios del país. Nosotros sabemos que ese bullying no es generado en los colegios, sino en una sociedad enferma que se acostumbró a la discriminación, la inequidad y el rechazo. Son niños atropellados por sus compañeros por múltiples motivos; entre otros, por ser gordos, gafufos, gay, de menor nivel socioeconómico, mujeres, negros, indígenas o de personalidad débil. Estamos hablando de un estimado de dos millones de niños que, esencialmente por ser diferentes a los demás, sufren el bullying en nuestros colegios. Sabemos que algunos se aíslan y abandonan sus estudios y otros –afortunadamente los menos–, ante la tristeza y el dolor, recurren al suicidio. Este es el caso que originó la tutela, cuya sentencia tiene hoy enfrentado al país y nos coloca frente a un esencial dilema como formadores. Sergio Urrego se suicidó porque no pudo soportar la discriminación promovida y apoyada desde las directivas de la institución educativa a causa de su condición homosexual. Su madre entuteló al Estado y en su respuesta la Corte Constitucional le exigió al MEN garantizar el derecho a la no discriminación de la población LGBTI en los colegios. La Corte ha debido garantizar que los colegios sean territorios que promuevan la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad, pero, como equivocadamente suele suceder en un país que piensa de manera fragmentada, sólo se refirió de manera detallada a la obligación de los colegios para garantizar que la población LGBTI no sea discriminada. El MEN acató la orden de la Corte, pero no podrá decirnos qué incluir en los Manuales, salvo que estos violen la Constitución Nacional. Y en ese caso, no lo dirá el MEN, sino la Corte.
Los homosexuales no los ha creado la Corte, ni la modernidad, ni la televisión, ni las Leyes, ni el MEN. Los niños no se “vuelven homosexuales” por leer cartillas de educación sexual, de la misma manera que ningún homosexual se vuelve heterosexual por leer la Biblia o hablar con heterosexuales. Los homosexuales son tan naturales en la vida como los heterosexuales. Y ellos, quiéranlo o no, han existido, existen y existirán. Según diversos estudios científicos, la población LGBTI representa un 10% de la población total ¿Será mucho pedir que se respeten sus derechos de la misma manera que se deben respetar los de los heterosexuales?
Desafortunadamente, los extremistas y fanáticos nunca reconocen que existen la diversidad de géneros, familias, religiones e ideologías, ya que ellos se sienten poseedores de la verdad absoluta. Por eso, esta campaña de desprestigio contra la Ministra la han encabezado los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad colombiana. Precisamente, quienes han sido la parte más activa en la sistemática exclusión de la población LGBTI. Una lectura en profundidad de las declaraciones del Papa Francisco al respecto sería un buen consejo para ellos.
Como educadores sabemos que la paz no es un problema que vayan a resolver los mismos políticos que generan la exclusión social y la violencia. ¡No! La paz sólo será posible cuando construyamos escuelas más democráticas, más incluyentes, más humanistas, más participativas, más innovadoras y más respetuosas de la diversidad. Por ello, la paz que se firme en La Habana sólo podrá consolidarse en las aulas de clase. Dado lo anterior, lo que hoy está en juego es si realmente la sociedad que estamos construyendo va a ser más incluyente, igualitaria y equitativa que la actual.
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Las marchas de esta semana fueron impulsadas por quienes se sienten con derecho a seguir excluyendo y discriminando a los homosexuales. Las marchas de esta semana reflejan un país enceguecido por la intolerancia y que no quiere reconocer que las familias actuales son más diversas y flexibles que las que existían 40 años atrás. Por ello, quienes las promovieron engañaron a los padres al hacerles creer que el MEN quiere promover la homosexualidad; y por ello, realizaron previamente una sistemática campaña de guerra sucia planificada, divulgando material pornográfico como si hiciera parte de unas supuestas cartillas de educación sexual del MEN. No es coincidencia que la cruzada contra la inclusión y la tolerancia hierva al tiempo con la cruzada a favor de la guerra. De esta manera, somos el único país del mundo que convoca resistencia civil contra la paz y marchas contra la orden constitucional de respetar la diversidad de géneros. Por eso, seguimos en guerra, ya que éstas siempre se alimentan de odio, intolerancia y venganza. Pero, como dice Héctor Abad, ésta no debería ser una campaña del Sí contra el No, sino un movimiento de la felicidad contra la amargura, de la alegría y la vida contra la ira. Ojalá, al final, triunfe la vida. Puede interesarle: ‘Cuando los niños juegan a ser adultos‘
*Director del Instituto Alberto Merani es consultor de Naciones Unidas en educación para Colombia. @juliandezubiria
TOMADO DE LA REVISTA SEMANA.
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